La colaboración eficaz como herramienta de lucha contra el crimen organizado: análisis comparativo entre Ecuador, Colombia y Perú

Abstract

La presente investigación analizó la figura de la colaboración eficaz como una herramienta de política criminal para la lucha contra el crimen organizado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, desde una perspectiva crítica y garantista. De esta manera, el objetivo principal del estudio es analizar la figura de la colaboración eficaz como herramienta de política criminal frente al crimen organizado, mediante un estudio jurídico, doctrinario y comparado entre Ecuador, Colombia y Perú, a fin de examinar su naturaleza jurídica, fundamentos, alcances y compatibilidad con los principios y garantías del derecho penal y del debido proceso. La metodología empleada es un enfoque cualitativo, como un diseño jurídico dogmático y documental. Se recurrió al análisis normativo del Código Orgánico Integral Penal y la legislación procesal ecuatoriana, complementado con el estudio jurídico comparado de los modelos de colaboración eficaz vigentes en Colombia y Perú. Asimismo, se aplicó el método analítico crítico, para examinar la doctrina penal contemporánea y la jurisprudencia constitucional y convencional relevante, incorporando de manera central el test de proporcionalidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los resultados de la investigación evidencia que, si bien la colaboración eficaz constituye un mecanismo potencialmente idóneo para la persecución penal de la criminalidad organizada, su regulación y aplicación en el contexto ecuatoriano presentan importantes tensiones con el modelo del Estado constitucional de derechos y justicia. Se identifican déficits relacionados con la corroboración de la información proporcionada por el colaborador, la amplitud de los beneficios penales concedidos, el debilitamiento del principio de proporcionalidad y el riego de instrumentalización del proceso penal. La investigación sostiene que la colaboración eficaz, para ser constitucionalmente válida, debe estar sujeta a controles estricto de legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y evitando su utilización como un mecanismo de negociación penal para los fines de la política criminal del gobierno en turno, desprovisto de límites constitucionales.