Interoperabilidad judicial transfronteriza para el cobro de pensiones alimenticias en el extranjero y la efectivización del derecho de alimentos de menores

Abstract

El estudio titulado “Interoperabilidad judicial transfronteriza para el cobro de pensiones alimenticias en el extranjero y la efectivización del derecho alimentos de menores” analiza la problemática relacionada con las limitaciones normativas, operativas y tecnológicas que afectan el acceso a la justicia en procesos internacionales de alimentos, particularmente en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. El objetivo general fue examinar los mecanismos de cooperación judicial internacional en materia de alimentos, con énfasis en la interoperabilidad institucional, con el fin de plantear opciones que mejoren el acceso a la justicia en estos procesos. La metodología empleada comprende un enfoque mixto, de tipo descriptivo y analítico, que incluyó el análisis documental del marco legal nacional e internacional vigente, entrevistas semiestructuradas a operadores judiciales y encuestas a personas involucradas en procesos alimentarios internacionales. Los resultados muestran un desconocimiento generalizado sobre tratados internacionales como el Convenio de La Haya de 2007, una limitada capacitación de jueces y abogados en derecho internacional privado, la inexistencia de plataformas tecnológicas compartidas entre instituciones nacionales y extranjeras, y una percepción general de lentitud y falta de apoyo institucional, mientras que los datos cuantitativos reflejaron que más del 75% de los procesos superan un año de duración, y un 66,7% de los encuestados no logró obtener efectivamente la pensión alimenticia desde el extranjero. En consecuencia, se concluye que, a pesar de contar con un marco jurídico pertinente, su ejecución se ve limitada por barreras estructurales, operativas y tecnológicas que afectan a la cooperación judicial internacional, y como implicación fundamental, se propone reformar el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), aumentar la competencia de la Autoridad Central, y crear una plataforma digital interoperable, lo cual permitiría mejorar la tramitación, seguimiento y cumplimiento de los procesos de alimentos en contextos migratorios, garantizando de este modo la primacía del interés superior del niño y la garantía del derecho alimentario en el contexto internacional.