Los derechos de los socios en los procesos de liquidación obligatoria de cooperativas de vivienda en Ecuador

Abstract

Esta investigación se centra en la protección de los derechos de los socios en los procedimientos de liquidación obligatoria de las cooperativas de vivienda en Ecuador. La legislación vigente, particularmente la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y su reglamento, presentan deficiencias legales que han transgredido el debido proceso. El artículo innumerado 64 agregado al reglamento general de la LOEPS mediante decreto ejecutivo 1113, ha establecido la causal de liquidación obligatoria de cooperativas tras cumplir cinco años de existencia, sin considerar su estatuto interno ni el cumplimiento de su objeto social. La finalidad primordial de este estudio es evaluar la eficacia de la legislación ecuatoriana en la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los socios durante estos procedimientos de liquidación. Para alcanzar este objetivo, se empleó un enfoque cualitativo, fundamentado en los métodos dogmáticos, hermenéuticos y descriptivo-analíticos. Se utilizó el análisis normativo de la LOEPS y su reglamento, entrevistas a actores clave y el análisis de caso de la cooperativa de vivienda Monseñor Leónidas Proaño, lo cual facilitó la evaluación de las repercusiones existentes tras la implementación del artículo en cuestión. Además, se constató que la legislación actual no cuenta con mecanismos adecuados para mitigar los efectos adversos de la liquidación obligatoria, en contraste con modelos internacionales como los de Uruguay, España y Salvadoreño, que incorporan fondos de garantía y estrategias de reubicación para los implicados. Se sugiere que es necesario modificar la legislación vigente para garantizar un debido proceso en estos procedimientos. Los hallazgos señalan que la participación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaridad (SEPS) en los procedimientos de liquidación no ha garantizado el debido proceso ni la participación de los socios en la toma de decisiones. Se han presentado complicaciones tales como la falta de transparencia, la deficiente o nula notificación a los socios y la violación de derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna y el derecho a la defensa consagrados en nuestra Constitución.