“Las competencias de los jueces penales y la vulneración al principio de especialidad en el desarrollo jurisdiccional de garantías penitenciarias” PORTADA

Abstract

En función de lo que establece la Constitución de la República del Ecuador acerca de las garantías penitenciarias contempladas en el Art.186 inciso último, el Código Orgánico de la Función Judicial, desarrolla la competencia de los jueces de garantías penitenciarias en su Art. 230, y el Código Orgánico Integral Penal, en su Art.666, no existiendo competencia constitucional ya que la constitución habla de la misma competencia de las garantías penitenciarias de manera que se ha establecido un aparataje jurídico para el cumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador, en función de los Artículos 82, 424, 425. La jerarquía normativa considera en los que corresponde al principio de competencia en especial, a la titularidad de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de la norma suprema, careciendo de eficacia jurídica. El problema se expone específicamente por la resolución 018 – 2014 del Consejo de la Judicatura, pues establece una doble competencia en los jueces de garantías penales, para que funjan también como jueces de garantías penitenciarias, vulnerando el principio de especialidad que se encuentra en el Art. 11 del Código Orgánico de la Función Judicial contraviniendo la jerarquización de la norma, la seguridad y la eficacia jurídica. La presente investigación se justifica por cuanto es pertinente describir, a través de la aplicación de instrumentos de investigación, por qué la resolución 018 – 2014 del Consejo de la Judicatura, incumple con el principio de especialidad y competencia perfectamente delimitados en el aparataje jurídico y constitucional, contraviniendo a tal punto que la misma llega a carecer de eficacia jurídica por incumplir con estos fundamentos, para alcanzar este objetivo, se ha planificado realizar una revisión bibliográfica documental, de trabajos similares al que se pretende realizar, revisar la normativa vigente y aplicar instrumentos de investigación a personas que conocen y se han especializado en la temática, con lo resultados se aspira llegar a comprobar empíricamente.