“La detención ilegal en el ecuador”

Abstract

El garantismo constitucional o más conocido como neoconstitucionalismo, nace como alternativa al positivismo procurando la garantía efectiva de los derechos de las personas, en donde la Constitución está por encima de cualquier norma interna del estado y obligando al juez actuar en función directa a garantizar los derechos inmersos en la Constitución, sin la necesidad de una ley secundaria. La detención ilegal se origina cuando existe expresa violación de procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes internas, hacia personas que se encuentran en su libre transitar, ya sean ocasionadas por funcionarios públicos en función de sus cargos, así como personas particulares adecuando su accionar a una conducta dolosa que puede acarrear consecuencias jurídicas para él, como para el detenido. El poder punitivo del estado, se basa en la potestad que tiene el estado para sancionar a las personas que hayan cometido algún delito estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, siendo este el único autorizado para privar de la libertad siempre y cuando se hayan verificado las condiciones necesarias y se haya seguido un debido proceso en donde se lo haya declarado culpable de la infracción, solamente en estos casos se puede detener a una persona. Es por esto que la Constitución de la República del Ecuador, ante abusos del poder estatal o particular, implementó en su contenido la garantía de Hábeas Corpus, la misma que está destinada a que las personas que se encuentren privadas de la libertad de manera ilegal o arbitraria, por orden de una autoridad pública o por un particular, recobren inmediatamente su libertad, utilizando como medio para su revisión a los jueces de primer nivel y en el caso de que la orden de detención haya sido expedida por un juez penal, la competencia para conocer esta garantía correspondería a los Jueces de la Sala Penal, convirtiéndose de esta manera en un limitante efectivo ante el abuso estatal, cumpliendo con los preceptos establecidos en un estado constitucional de derechos y justicia.