El tráfico ilicito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y su incidencia en la aplicación del Principio de Favorabiblidad en las resoluciones dictadas por los jueces de Garantías Penales de la Unidad Judicial Penal del Cantón Riobamba, período agosto- diciembre 2014

Abstract

Estados Unidos ha intervenido directamente en las políticas de drogas de todo el mundo, en Ecuador sin excepción, y durante veinte y cuatro años estuvo vigente la “Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”, ley altamente represiva, con una clasificación nula de las personas y grados de participación en las organizaciones criminales, penas desproporcionadas, inversión de la prueba, contradicciones con la Constitución, prohibición de libertad bajo fianza, etc., alejada por completo de la realidad social y de los derechos y garantías; ley aplicada por los gobiernos de turno y por los órganos del sistema penal con “mano dura”, demostrando un aparente éxito en la lucha contra las drogas con el supuesto de que más presos es igual a mayor efectividad, como consecuencia se produjo un hacinamiento en las cárceles y violaciones a los derechos. Con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal del diez de agosto del dos mil catorce, varios delitos se extinguieron y algunas penas disminuyeron como en el caso de las penas por tráfico de drogas, abriendo la posibilidad de que los condenados recuperen su libertad, aplicando el principio de favorabilidad o de ley posterior más benigna, en su gran mayoría personas pertenecientes a la clase pobre, la Defensoría Pública fue protagonista principal de solicitar la libertad de los presos, tomando en cuenta que el servicio que ofrece la Defensoría Pública es gratuito, sin perjuicio de que una minoría contrataron abogados particulares. Como en todo órgano judicial existen procesos en exceso, que tardan en resolverse, la aplicación del principio de favorabilidad no fue la excepción, los jueces de garantías penales de Riobamba, además de lo de su competencia exclusiva, tuvieron que resolver en un tiempo apretado cantidades considerables de peticiones de extinción o rebaja de penas, considerando de que cada día que pasaban los peticionarios en la carcel, constituía una privación ilegal o arbitraria de la libertad y violación a una tutela judicial efectiva.