Los límites del derecho a la resistencia en la protesta social

Abstract

La presente investigación analiza los límites del derecho a la resistencia en el marco de la protesta social ecuatoriana, abordando la paradoja jurídica que se presenta entre el amplio reconocimiento constitucional del artículo 98 de la Constitución de 2008 y la criminalización sistemática de su ejercicio efectivo. El objetivo general fue determinar los límites del derecho a la resistencia mediante un análisis doctrinario y normativo, y evaluar su efectividad en el ejercicio de la protesta social. La metodología utilizada responde a un enfoque cualitativo, asociado al tipo jurídico correlacional y al diseño no experimental, donde se utilizaron métodos dogmáticos y descriptivos mediante técnicas tales como el análisis normativo, la revisión de documentación y entrevistas realizadas a profesionales del Derecho con experiencia en materia de la norma constitucional y jurisdiccional. La población de estudio correspondió al artículo 98 constitucional, a la normativa secundaria de la COIP, a la doctrina, a la jurisprudencia correspondiente a la Corte Constitucional y a profesionales del Derecho. Los resultados evidencian que los informantes coinciden en señalar que la carencia del desarrollo infra constitucional como la principal carencia del desarrollo normativo para la comprensión del derecho a la resistencia deviniendo en la realidad que el mismo carece de una normativa adjetiva que les indique el camino, modo, requisitos y tiempos para ejercer este derecho, al encontrarse en su formulación como derechos constitucionales, límites constitucionales según, legales y la prohibición de los derechos, legalidad, proporcionalidad; prohibición de violencia, límites penales según el COIP -sabotaje, terrorismo, paralización de los servicios. Los datos documentados para las protestas de 2019, 2022 y 2025 revelan el saldo de al menos 18 fallecidos, más de 1.950 heridos y más de 1.500 detenidos para concluir que se confirma la hipótesis de investigación planteada, es decir, que los límites normativos en el derecho a la resistencia no se encuentran debidamente delimitados dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, incidiendo ello en que el Estado adopte respuestas represivas frente a las protestas sociales.