La aplicación de la muerte cruzada en el Ecuador y sus efectos jurídicos y políticos

Abstract

La presente investigación analiza los efectos jurídicos y políticos que produce la aplicación de la muerte cruzada en el Ecuador, en ese sentido, la problemática surge de aspectos como: las interpretaciones de las causales en las que no interfiere la CCE, las tensiones institucionales entre las funciones del Estado, la falta de precisión jurisprudencial y la ausencia de reglas claras, previsibles y coherentes que trae la activación de este mecanismo tipificado en los artículos 130 y 148 de la Constitución de la República del Ecuador, es decir, esta figura jurídica presenta deficiencias en su regulación y control constitucional, lo que ha generado incertidumbre jurídica y daño grave a la: democracia representativa, el equilibrio institucional, la seguridad jurídica y la separación de poderes. Por otro lado, se examinó y analizó la aplicación de la muerte cruzada a través del Decreto Ejecutivo No. 741, las seis demandas de Acción Pública de Inconstitucionalidad casos 39- 23-IN hasta el 44-23-IN y la sentencia interpretativa No.002-10-SIC-CC, con la finalidad de evidenciar vacíos interpretativos, tensiones respecto al alcance del control judicial y constitucional y los efectos de la ausencia de criterios claros y procedimientos específicos que ha obligado a las instituciones del estado y a la propia Corte Constitucional un rol limitado, razón por la cual solo tiene la facultad de pronunciarse si se alega la causal de arrogación de funciones. Dicho lo anterior, la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, mediante una investigación pura y dogmática, donde se utilizaron técnicas de revisión documental y estudio de caso enfocadas en el análisis de la Constitución, decretos ejecutivos, dictámenes y sentencias de la Corte Constitucional, así como doctrina jurídica relevante. Concluyendo que la aplicación de la muerte cruzada requiere un desarrollo normativo más preciso que delimite sus alcances y fortalezca el control constitucional, a fin de garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y el respeto al principio democrático, evitando así el hiperpresidencialismo y el uso de esta figura como una herramienta política.