La vulneración del principio de seguridad jurídica en la falta de parámetros para la reapertura de las investigaciones previas en el procedimiento ordinario de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.

Abstract

El Código Orgánico Integral Penal posee varios tipos de procedimientos, dependiendo las características propias de cada caso. Entre estos procedimientos encontramos el ordinario, que se encuentra entre los más comunes al momento de tramitar el procedimiento penal. El procedimiento inicia con la noticia del delito ya que es el requisito indispensable para el inicio de esta fase preprocesal. La investigación previa no puede permanecer abierta de manera indefinida, por este motivo la ley nos previene que, el fiscal al ser el titular de la acción penal pública debe decidir transcurrido determinado tiempo y después de una ardua investigación en donde se recopile elementos de convicción como versiones y pericias, si va a dar inicio al proceso penal solicitando al juez de garantías penales para que se lleve a efecto la audiencia de formulación de cargos; o, si por otra parte el fiscal decide solicitar fundamentada el archivo de la investigación previa. Hasta este momento no existen problemas o inquietudes que afecten de alguna manera los derechos de los intervinientes en el procedimiento penal. Pero, que sucede si aparecen nuevos elementos de convicción que motiven la reapertura de la investigación previa que ya se encuentra archivada pero no prescrita, el actual Código Orgánico Integral Penal no contempla parámetros claros tendientes a dilucidar y cubrir esta necesidad de manera que no afecten derechos ni de las víctimas ni del sospechoso, el anterior Código de Procedimiento Penal en este aspecto si bien no cubría todos los vacíos legales, era más detallado en las directrices porque contemplaba que si se dictaba el archivo provisional se podía reabrir; y, si se dictaba el archivo definitivo se podía pedir la reapertura al fiscal, inclusive ante la negativa se podía acudir ante el fiscal superior. Estas directrices fueron omitidas en el actual Código Orgánico Integral Penal y hasta la actualidad no se ha subsanado esta laguna jurídica. Por otra parte, desde la perspectiva constitucional, el Art. 82 de la Constitución de la República garantiza el derecho de la seguridad jurídica que según la Constitución se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, y según la doctrina implica la certeza de normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación. Por tanto, en el trámite de la investigación previa al no tener la víctima los parámetros suficientes que hagan un goce pleno del derecho a la seguridad jurídica se verifica una vulneración al principio constitucional por lo cual se propone una propuesta de reforma de ámbito legal que subsane esa laguna jurídica.