La muerte asistida y su impacto en la dignidad humana.

Abstract

El objetivo de esta investigación fue analizar los fundamentos éticos y jurídicos de la implementación de la muerte asistida en Ecuador y su impacto en la dignidad humana. La relevancia de este estudio radicó en la creciente controversia global sobre la muerte asistida y la necesidad de Ecuador de establecer una normativa clara y adecuada que contemple los derechos constitucionales como la integridad personal, la dignidad humana y el derecho a una vida digna. Uno de los principales obstáculos encontrados fue la falta de legislación específica en el país, lo que plantea desafíos en la protección de los derechos de los pacientes terminales y la ética médica. Para abordar este problema, se utilizó un enfoque metodológico cualitativo y comparativo, analizando la legislación ecuatoriana vigente, incluyendo la Ley Orgánica de Salud, el Código Orgánico Integral Penal y las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se comparó la situación legal de Ecuador con la de otros países latinoamericanos que han avanzado en la regulación de la muerte asistida. Los resultados de la investigación indicaron que la discusión sobre la muerte asistida en Ecuador está en una fase inicial de desarrollo y debate. La reciente sentencia de la Corte Constitucional, que reconoce el derecho a solicitar la eutanasia bajo ciertas condiciones, representa un avance significativo. Sin embargo, se identifica la necesidad de un marco legal riguroso que incluya múltiples niveles de protección para casos terminales, evaluaciones psicológicas exhaustivas, períodos de reflexión y la aprobación de comités de ética. En conclusión, para garantizar una aplicación ética y justa de la normativa sobre la muerte asistida, es crucial que la Corte Constitucional emita sentencias claras y que se establezca un diálogo multisectorial que involucre a legisladores, profesionales de la salud y la sociedad en general. Esto permitirá desarrollar un marco regulatorio integral que salvaguarde los derechos fundamentales y atienda a la diversidad de perspectivas en la sociedad ecuatoriana. Además, se recomienda fortalecer las políticas públicas para asegurar una muerte digna, permitiendo a las personas ejercer su autonomía de manera informada y bajo criterios y salvaguardias estrictas.