La afiliación a la seguridad social y el desarrollo integral de las mujeres que realizan trabajo autónomo.

Abstract

La presente investigación analiza, desde una perspectiva jurídica y con enfoque de género, los factores normativos e institucionales que limitan la eficacia material del derecho a la afiliación a la seguridad social de las mujeres que realizan trabajo autónomo en la ciudad de Riobamba, Ecuador. El trabajo compara analíticamente la discapacidad jurídica del derecho como viene expresada ampliamente en los artículos 34 y 369 de la Constitución de la República del Ecuador y la cobertura jurídica efectiva, ocupándose de la divergencia entre el reconocimiento formal y su aplicación práctica. Para ello, se aplicó la metodología cualitativa con un paradigma jurídico-dogmático. Mediante entrevistas semiestructuradas a cuatro profesionales del derecho y a seis trabajadoras autónomas, se realizó también un análisis documental con el marco normativo constitucional, legal e internacional. Los resultados evidencian contradicciones profundamente significativas: Ecuador cuenta con una constitución progresista en la que queda, de manera formal, reconocida la seguridad social de las trabajadoras por cuenta propia (artículos 34 y 369 de la Constitución), pero esta formalidad no alcanza el plano de la práctica. Se dan cuenta de hasta tres categorías de barreras; normativas (rigidez del sistema de la cotización que exige aportes fijos sobre base de salario básico unificado, voluntariedad de la afiliación), institucionales (complejidad burocrática, ausencia de información, falta de unidades especializadas), y socioeconómicas (insuficiencia de ingresos, carga de trabajo de cuidados no remunerados). El derecho a la seguridad social es vital para una serie de derechos interconectados, como la protección contra la posible pérdida de seguridad económica en la vejez, la protección en la maternidad y la autonomía económica. El estudio muestra la necesidad de la integración de las dimensiones cultural (conciencia), económica (provisión), legal (leyes) y organizacional (velocidad de implementación), para solucionar el problema.