Limitaciones en la aplicación de la firma electrónica y la seguridad jurídica de los actos administrativos.

Abstract

La incorporación de la firma electrónica en la administración pública ecuatoriana constituye un componente central del proceso de transformación digital del Estado; sin embargo, su aplicación práctica presenta diversas limitaciones que inciden directamente en la seguridad jurídica de los actos administrativos. La presente investigación analiza dichas limitaciones desde una perspectiva jurídica, con el fin de determinar su impacto en la validez, autenticidad, integridad y previsibilidad de la actuación administrativa. El objetivo general del estudio fue analizar, mediante un estudio doctrinario y normativo, las limitaciones en la aplicación de la firma electrónica en los actos administrativos ecuatorianos y su incidencia en la garantía del derecho a la seguridad jurídica. Para ello, se empleó un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental y de tipo descriptivo-explicativo. La metodología combinó los métodos inductivo, descriptivo y jurídico-doctrinal, apoyados en el análisis normativo, doctrinario y documental, así como en entrevistas realizadas a servidores públicos vinculados al uso de la firma electrónica en la gestión administrativa. Los resultados evidencian que, pese al reconocimiento legal de la firma electrónica y al principio de equivalencia funcional con la firma manuscrita, persisten limitaciones normativas derivadas de la dispersión y falta de desarrollo procedimental específico, así como limitaciones técnicas y administrativas relacionadas con la infraestructura tecnológica, la interoperabilidad de los sistemas, la capacitación del personal y la ausencia de protocolos institucionales uniformes. Se concluye que las limitaciones identificadas afectan la seguridad jurídica al debilitar la previsibilidad, estabilidad y confianza en la actuación administrativa, lo que evidencia una brecha entre el reconocimiento normativo de la firma electrónica y su aplicación efectiva en la administración pública ecuatoriana.