Responsabilidad civil de las organizaciones sociales en las paralizaciones en Ecuador

Abstract

La presente investigación ¨La responsabilidad civil de las organizaciones sociales en las paralizaciones en Ecuador¨ estudia la necesidad del análisis desde la perspectiva del Derecho Civil ecuatoriano, si las organizaciones sociales que lideran paralizaciones pueden responder por los daños ocasionados a terceros, sin desconocer el derecho constitucional a la resistencia; esta problemática adquiere relevancia ante los acontecimientos suscitados en la provincia de Imbabura en el año 2025, donde las movilizaciones generaron afectaciones económicas significativas a diversos sectores productivos, dando a denotar el vacío normativo respecto a la responsabilidad civil colectiva y a los criterios para su imputación; metodológicamente, el estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con orientación jurídico-social, mediante el análisis sistemático de la Constitución, el Código Civil y normativa conexa, la revisión doctrinaria nacional y comparada, así como la aplicación de entrevistas a profesionales del Derecho, lo que permitió examinar los elementos clásicos de la responsabilidad civil daño, nexo causal y factor de atribución en el contexto de acciones colectivas, y valorar la relación entre el derecho a la resistencia y sus límites, con la aplicación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad; los resultados obtenidos demuestran que el reconocimiento constitucional del derecho a la resistencia no excluye la responsabilidad legal de asumir consecuencias legales, especialmente si se verifica una conexidad organizativa entre la estructura de dirección y los hechos generadores del perjuicio, además se identificaron dificultades probatorias en la cuantificación del daño emergente y del lucro cesante, así como vacíos en la regulación específica de la responsabilidad civil de personas jurídicas en escenarios de protesta social; en consecuencia, se concluye que es jurídicamente viable atribuir responsabilidad civil a las organizaciones sociales siempre que se acredite su participación activa o su deber de control frente a hechos previsibles, se garantiza así la reparación integral de las víctimas sin afectar el núcleo esencial del derecho a la resistencia, proponiéndose la necesidad de lineamientos normativos más claros que permitan equilibrar la protección de los derechos colectivos con la tutela efectiva de los derechos patrimoniales de terceros dentro del Estado constitucional de derechos y justicia.