La donación presunta y el consentimiento familiar en sistemas de opt-out análisis comparado

Abstract

La investigación analiza comparativamente los sistemas de donación presunta y el consentimiento familiar en modelos opt-out entre Ecuador y Argentina, mediante estudio jurídico que examina marcos normativos, doctrina y práctica hospitalaria. El sistema opt-out presume que toda persona mayor de edad es donante de órganos, salvo oposición expresa manifestada en vida el cual debe ser mediante registro notarial o en documento de identidad. En Ecuador, la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células establece esta presunción legal clara sin embargo, en la práctica hospitalaria predomina el veto familiar, anulando la autonomía del posible donante en la mayoría de casos debido a factores culturales, desconocimiento normativo y protocolos que consultan primero a la familia, generando tensiones constitucionales entre el derecho a la autonomía personal y la protección a la unión familiar, con resultado de tasas persistentemente bajas de trasplantes que agravan las listas de espera llegando a elevar la mortalidad de pacientes. La metodología adopta un enfoque mixto con diseño comparativo, descriptivo e inductivo, integrando un análisis documental exhaustivo de legislación y protocolos clínicos del INDOT, revisión doctrinal crítica, entrevistas semiestructuradas a profesionales de salud especialistas en trasplantes de órganos y encuestas cuantitativas a expertos jurídicos sobre contradicciones normativas. El contraste con Argentina, particularmente tras la Ley Justina que limita a la familia a una notificación informativa sin veto decisorio, demuestra mayor efectividad al simplificar registros de oposición y potenciar campañas culturales que reducen rechazos. En Ecuador hay vacíos legales, debilidades institucionales y barreras socioculturales que limitan el sistema. Se propone fortalecer la seguridad jurídica llegando a priorizar la voluntad presunta mediante registros electrónicos vinculantes de fácil accesibilidad, protocolos UCI automáticos que ignoren el veto familiar no registrado, capacitaciones anuales al personal médico con simulacros prácticos y campañas nacionales multisectoriales para equilibrar la autonomía individual con la solidaridad social.