El contrato de servicios ocasionales: Análisis de la Terminación Unilateral y la Acción de Protección en el Derecho Constitucional Ecuatoriano.

Abstract

Esta investigación aborda el análisis jurídico y constitucional de los contratos de servicios ocasionales en Ecuador, con especial énfasis en la terminación unilateral y su relación con la acción de protección, este tipo de contratos, regulados por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento, están destinados a suplir necesidades institucionales de carácter temporal; sin embargo, su desnaturalización en la práctica, debido a la suscripción sucesiva por más de 12 meses, ha generado conflictos relacionados con la precarización laboral y la estabilidad jurídica de los funcionarios públicos. El estudio determina que la terminación unilateral de estos contratos, aunque normativamente justificada como una prerrogativa administrativa, puede dar lugar a reclamos de vulneración de derechos fundamentales, no obstante, el análisis doctrinario y jurisprudencial concluye que la acción de protección debe aplicarse restrictivamente, reservándose para casos donde se evidencie una violación directa a derechos constitucionales, mientras que la vía contenciosa administrativa es la adecuada para resolver disputas contractuales. Se realizó un análisis de tres sentencias de acción de protección (acción de protección Nro. 06335202401810; acción de protección Nro. 06335202400224; acción de protección Nro. 06282202400606) resueltas en tribunales de primera instancia en Riobamba en contra del Patronato Provincial de Chimborazo, durante el año 2024, en las que los jueces inadmitieron las pretensiones de los accionantes, determinando que la vía adecuada para conocer casos de terminación unilateral corresponde a la justicia ordinaria, derivada en la vía contenciosa administrativa, salvo vulneración directa a los derechos fundamentales. A través de este estudio normativo, jurisprudencial y de casos prácticos, la investigación propone fortalecer el marco normativo, clarificar competencias jurisdiccionales y garantizar un equilibrio entre derechos laborales y necesidades institucionales, contribuyendo al desarrollo del sistema jurídico ecuatoriano.