El procedimiento directo y su incidencia en el derecho a la defensa: Análisis de Derecho Comparado

Abstract

El presente proyecto de investigación analiza la incidencia del procedimiento penal directo en el efectivo ejercicio del derecho a la defensa desde una perspectiva de derecho comparado, en consecuencia, el estudio parte del reconocimiento de que este procedimiento especial implementado a través del Código Orgánico Integral Penal persigue la celeridad, sin embargo, plantea tensiones significativas entorno a las garantías básicas del debido proceso en especial de contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa debido al plazo de veinte días contemplado para señalar la audiencia de juicio. El objetivo general consistió en analizar como la configuración normativa del procedimiento directo ecuatoriano afecta el ejercicio de la defensa técnica complementándolo con un estudio doctrinario y comparado; para lo cual se examinó el marco legal en Ecuador y demás países latinoamericanos relacionado con procedimientos especiales que contengan la esencia del proceso directo, además, se interpretó la percepción de varios abogados penalistas acerca de la suficiencia del plazo para preparar la defensa y finalmente proponer lineamientos normativos que ayuden a armonizar la celeridad y las garantías constitucionales. Metodológicamente se adoptó un enfoque cualitativo aplicando métodos como dogmático, sociológico – jurídico y comparado, las principales técnicas utilizadas para la recolección de datos fue la entrevista dirigida a especialistas en el área complementando con una matriz de derecho comparado que permitió contrastar las legislaciones penales latinoamericanas como Argentina, Perú y Bolivia. En contraste con los objetivos entre los principales resultados se identificó que el plazo de veinte días que prevé el COIP para señalar la audiencia de juicio desde la calificación de la flagrancia y añadiendo la exigencia legal de anunciar los medios probatorios con al menos tres días de anticipación reducen aún más el tiempo lo que ocasiona que no se pueda garantizar una correcta preparación de la defensa, asimismo, la mayoría de los entrevistados coincidieron que dicha restricción temporal vulnera el principio de igualdad procesal afectado el debido proceso. En general, la investigación evidencia que el modelo ecuatoriano respecto del procedimiento directo compromete el plano ejercicio del derecho a la defensa, por lo tanto, se plantea la necesidad de reformas normativas que estén orientadas a ampliar los plazos procesales y fortalecer las condiciones materiales que permitan el adecuado desarrollo de la actividad probatoria sin tener que dejar del lado los principios de celeridad y economía procesal.