La Convalidación de los Actos Administrativos en la Legislación Ecuatoriana

Abstract

La convalidación de actos administrativos representa una herramienta jurídica esencial dentro del engranaje del Derecho Administrativo moderno, lejos de ser una figura meramente técnica, su adecuada regulación y aplicación tiene implicaciones profundas en términos de seguridad jurídica, eficacia institucional y, sobre todo, en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública. Es, en muchos sentidos, una válvula de corrección que permite al sistema mantenerse justo y funcional, sin perder de vista los principios de legalidad y debido proceso. Este trabajo se ha construido con una metodología cualitativa que parte de un análisis riguroso de la normativa vigente, la doctrina especializada y la jurisprudencia relevante. A ello se suman valiosos aportes obtenidos a través de entrevistas con operadores jurídicos que, desde la práctica, enfrentan a diario los retos que implica la convalidación. Sus testimonios reflejan no solo un dominio técnico del tema, sino también las inquietudes reales que genera la ambigüedad normativa en su aplicación. Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es la existencia de vacíos importantes en el Código Orgánico Administrativo (COA). Particularmente preocupante es la falta de claridad en la distinción entre vicios subsanables y no subsanables, así como la ausencia de criterios objetivos sobre los plazos y los requisitos formales de motivación que debe cumplir un acto convalidado. Esta indefinición ha propiciado interpretaciones dispares por parte de los entrevistados, generando no poca incertidumbre entre los actores del sistema. En vista de ello, se proponen tres líneas de acción que, a nuestro juicio, podrían marcar una diferencia significativa. Primero, una revisión sustancial del artículo 110 del COA, incorporando reformas de conceptos definidos y parámetros que permitan determinar con claridad cuándo un acto puede ser convalidado y en qué condiciones. Segundo, el diseño de protocolos administrativos que estandaricen el procedimiento de convalidación, brindando seguridad tanto a los funcionarios como a los administrados. Y, por último, la implementación de programas de capacitación continúa dirigidos a jueces y servidores públicos, que fortalezcan sus capacidades técnicas y favorezcan una aplicación coherente del derecho. La investigación pone de relieve que, más allá de su aparente carácter accesorio, la convalidación es una figura clave para el equilibrio entre la eficacia de la administración y la protección de las garantías individuales.