DSpace Colección :http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/141312026-04-14T20:15:30Z2026-04-14T20:15:30ZEl uso del dispositivo electrónico como garantía de la comparecencia del imputado al proceso.Yautibug Guaminga, Alex Fabiánhttp://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/157462025-11-14T08:29:20Z2025-07-29T00:00:00ZTítulo : El uso del dispositivo electrónico como garantía de la comparecencia del imputado al proceso.
Autor : Yautibug Guaminga, Alex Fabián
Resumen : La presente investigación analizó el uso del dispositivo electrónico como garantía de comparecencia del imputado en el sistema judicial ecuatoriano, con el objetivo general de evaluar su incidencia en la eficacia procesal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. Mediante una metodología cualitativa, se realizaron entrevistas semiestructuradas a imputados, familiares, jueces, expertos en derechos humanos y proveedores tecnológicos, complementadas con revisión doctrinal y normativa. Los resultados demostraron que el dispositivo es efectivo para asegurar la comparecencia (baja evasión) y reduce el hacinamiento carcelario, permitiéndonos imputados mantener sus vínculos laborales y familiares. Sin embargo, se identificaron limitaciones como la falta de protocolos estandarizados, estigmatización social y brechas tecnológicas en zonas rurales. Así, también, promueve la reparación completa al mantener la capacidad financiera del acusado, aunque se necesita una coordinación interinstitucional más estrecha para supervisar el cumplimiento de las sanciones. El estudio determina que a pesar de su potencial la medida requiere mejoras en infraestructura, formación y marco jurídico para potenciar su efecto en el sistema judicial.
Descripción : This research analyzed the use of electronic devices as a guarantee of the defendant's appearance
in the Ecuadorian judicial system, with the general objective of evaluating their impact on
procedural efficiency, compliance with sentences, and comprehensive reparation. Using a
qualitative methodology, semi-structured interviews were conducted with defendants, family members, judges, human rights experts, and technology providers, complemented by doctrinal and regulatory reviews. The results showed that the device is effective in ensuring appearance (low evasion) and reducing prison overcrowding, allowing defendants to maintain their work and family ties. However, limitations were identified, including the lack of standardized protocols, social stigmatization, and technological gaps in rural areas. In addition, it facilitates comprehensive reparation by preserving the economic capacity of the accused, but greater inter-institutional coordination is required to supervise the enforcement of sentences. The research concludes that, despite its potential, the measure requires improvements in infrastructure, training, and the legal framework to optimize its impact on the justice system.2025-07-29T00:00:00ZEl principio acusatorio frente a la Garantía de Non Reformatio in Peius.Lombeida Trujillo, Elizabeth Antonellahttp://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/151782025-11-14T08:18:42Z2025-05-21T00:00:00ZTítulo : El principio acusatorio frente a la Garantía de Non Reformatio in Peius.
Autor : Lombeida Trujillo, Elizabeth Antonella
Resumen : El principio acusatorio y la garantía de non reformatio in peius son dos principios
procesales penales que buscan proteger los derechos de las partes durante el proceso. Sin
embargo, el problema de la investigación surge del conflicto de la jurisprudencia y de las
principales vertientes doctrinarias ecuatorianas, las cuales están en desacuerdo en el ámbito de
aplicación, alcance y límites del principio de non reformatio in peius, lo cual limita los
derechos de los sujetos que participan en el proceso penal, por lo cual se va a estudiar este
fenómeno utilizando una metodología con un enfoque mixto, que se complementa con un
alcance descriptivo, apoyada en el método dogmático, para que al finalizar podamos expresar
los resultados utilizando un alcance explicativo de la investigación. Se plantea la necesidad de
armonizar toda la normativa y la jurisprudencia con los estándares constitucionales e
internacionales, para garantizar una aplicación efectiva y equitativa del principio non
reformatio in peius en favor del debido proceso penal ecuatoriano.
Descripción : The accusatory principle and the guarantee of non reformatio in peius are two procedural principles in criminal law aimed at protecting the rights of the parties involved in the process. However, the research problem arises from conflicting case law and the main Ecuadorian doctrinal approaches, which disagree on the scope, application, and limits of the non reformatio in peius principle. This inconsistency undermines the rights of the parties involved in the criminal process. Therefore, this study analyzes the issue using a mixed-method approach, complemented by a descriptive scope and supported by the dogmatic method. The goal is to present the results through an explanatory research framework. The study emphasizes the need to harmonize all legislation and jurisprudence with constitutional and international standards to ensure the effective and fair application of the non reformatio in peius principle in favor of due process within the Ecuadorian criminal justice system.2025-05-21T00:00:00ZLa vulneración del principio de seguridad jurídica en la falta de parámetros para la reapertura de las investigaciones previas en el procedimiento ordinario de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.Toapanta Perguachi, Fabián Eduardohttp://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/149482025-11-14T08:14:41Z2025-04-03T00:00:00ZTítulo : La vulneración del principio de seguridad jurídica en la falta de parámetros para la reapertura de las investigaciones previas en el procedimiento ordinario de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.
Autor : Toapanta Perguachi, Fabián Eduardo
Resumen : El Código Orgánico Integral Penal posee varios tipos de procedimientos, dependiendo las
características propias de cada caso. Entre estos procedimientos encontramos el ordinario,
que se encuentra entre los más comunes al momento de tramitar el procedimiento penal.
El procedimiento inicia con la noticia del delito ya que es el requisito indispensable para
el inicio de esta fase preprocesal. La investigación previa no puede permanecer abierta de
manera indefinida, por este motivo la ley nos previene que, el fiscal al ser el titular de la
acción penal pública debe decidir transcurrido determinado tiempo y después de una
ardua investigación en donde se recopile elementos de convicción como versiones y
pericias, si va a dar inicio al proceso penal solicitando al juez de garantías penales para
que se lleve a efecto la audiencia de formulación de cargos; o, si por otra parte el fiscal
decide solicitar fundamentada el archivo de la investigación previa. Hasta este momento
no existen problemas o inquietudes que afecten de alguna manera los derechos de los
intervinientes en el procedimiento penal. Pero, que sucede si aparecen nuevos elementos
de convicción que motiven la reapertura de la investigación previa que ya se encuentra
archivada pero no prescrita, el actual Código Orgánico Integral Penal no contempla
parámetros claros tendientes a dilucidar y cubrir esta necesidad de manera que no afecten
derechos ni de las víctimas ni del sospechoso, el anterior Código de Procedimiento Penal
en este aspecto si bien no cubría todos los vacíos legales, era más detallado en las
directrices porque contemplaba que si se dictaba el archivo provisional se podía reabrir;
y, si se dictaba el archivo definitivo se podía pedir la reapertura al fiscal, inclusive ante la
negativa se podía acudir ante el fiscal superior. Estas directrices fueron omitidas en el
actual Código Orgánico Integral Penal y hasta la actualidad no se ha subsanado esta
laguna jurídica. Por otra parte, desde la perspectiva constitucional, el Art. 82 de la
Constitución de la República garantiza el derecho de la seguridad jurídica que según la
Constitución se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, y según la
doctrina implica la certeza de normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su
aplicación. Por tanto, en el trámite de la investigación previa al no tener la víctima los
parámetros suficientes que hagan un goce pleno del derecho a la seguridad jurídica se
verifica una vulneración al principio constitucional por lo cual se propone una propuesta
de reforma de ámbito legal que subsane esa laguna jurídica.
Descripción : The Comprehensive Organic Penal Code (COIP) contains various types of procedures, depending on
the specific characteristics of each case. Among these procedures is the ordinary procedure, which is one of the most common when processing criminal cases. The procedure begins with the notification of the crime, which is the essential requirement to initiate this pre-trial phase. The preliminary investigation cannot remain open indefinitely, which is why the law stipulates that, under certain circumstances, the prosecutor, as the holder of public criminal action, must decide, after a specified period and under certain conditions, whether to initiate the criminal process by requesting that the judge of criminal guarantees convene the hearing for the formulation of charges; or, if the prosecutor decides to request, with justification, the archiving of the preliminary investigation. Until this moment, there are no issues or concerns that would affect the rights of the parties involved in the criminal procedure. However, what happens if new elements of conviction arise that justify the reopening of a preliminary investigation that has already been archived but not yet expired? The current Comprehensive Organic Penal Code does not provide clear guidelines to address this need in a way that does not affect the rights of either the victims or the accused. The previous Code of Criminal Procedure, although not addressing all legal gaps, was more detailed in its provisions, as it established that if a provisional archive was ordered, it could be reopened; and if a definitive archive was issued, a request for reopening could be made to the prosecutor, even appealing to the superior prosecutor in case of refusal. These guidelines were omitted in the current Comprehensive Organic Penal Code, and to date, this legal gap has not been addressed. Furthermore, from a constitutional perspective, Article 82 of the Constitution of the Republic
guarantees the right to legal certainty, which, according to the Constitution, is grounded in respect for the Constitution and the existence of prior, clear, public legal norms applied by the competent authorities. According to doctrine, this implies certainty in the norms and, consequently, the predictability of their application. Therefore, in the process of the preliminary investigation, since the victim does not have the necessary parameters to fully enjoy the right to legal certainty, a violation of the constitutional principle occurs. As a result, a legal reform proposal is suggested to remedy this legal gap.2025-04-03T00:00:00ZEl derecho al recurso contra el auto que declara el desistimiento tácito en el COGEP.Morocho Plasencia, Javier Oswaldohttp://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/149322025-11-14T08:14:16Z2025-03-27T00:00:00ZTítulo : El derecho al recurso contra el auto que declara el desistimiento tácito en el COGEP.
Autor : Morocho Plasencia, Javier Oswaldo
Resumen : En su artículo 256 el COGEP establece los requisitos de procedibilidad del recurso de
apelación, entre los que incluye el auto que decreta el desistimiento tácito a causa del
abandono del proceso por las partes. El propio cuerpo legal establece el desistimiento de
la pretensión que procede en cualquier estado del proceso y antes de la sentencia con la
consecuencia de que no se podrá presentar una nueva demanda. Contra el auto que
dispone el desistimiento tácito, por no ser un auto interlocutorio, no cabe el recurso de
apelación por lo que en la práctica la parte procesal que resulte afectada queda en estado
de indefensión. Para llegar a ese punto se realizó una investigación con enfoque
cualitativo y de tipo documental. Las fuentes fueron analizadas aplicando los métodos de
análisis y síntesis, inducción y deducción, exegético-jurídico, y jurídico-comparado. La
investigación tiene un alcance descriptivo correlacional donde se presenta un análisis
institución jurídico procesal del abandono y la posibilidad de recurrir el auto que lo
declara cando se configura del desistimiento tácito. El resultado del estudio doctrinal y
normativo es contrastado con la opinión de jueces de materias no penales, quienes
consideran que en lo principal debería permitirse recurrir el auto que decreta el
desistimiento tácito para no dejar a la parte afectada en estado de indefensión. El hallazgo
principal es una caracterización del derecho al recurso y el desistimiento tácito de donde
se llegó a la conclusión de que al no permitirse a la parte afectada recurrir el precitado
auto se le deja en estado de indefensión.
Descripción : Article 256 of the COGEP sets forth the requirements for the admissibility of the appeal, including the order that
decrees tacit withdrawal due to the abandonment of the process by the parties. The legal framework itself establishes
the withdrawal of the claim, which may occur at any stage of the process and prior to the judgment, with the
consequence that no new claim can be filed. As the order declaring tacit withdrawal is not an interlocutory order, an
appeal is not admissible. Consequently, in practice, the affected procedural party is left in a state of defenselessness.
To reach this conclusion, a qualitative, documentary-based research approach was undertaken. The sources were
analyzed using the methods of analysis and synthesis, induction and deduction, legal exegesis, and comparative legal
analysis. The research has a descriptive-correlational scope, presenting a legal-institutional analysis of procedural
abandonment and the possibility of appealing the order that declares it when tacit withdrawal is established. The result of the doctrinal and normative study is contrasted with the opinion of judges in non-criminal matters, who argue that, in principle, the appeal of the order declaring tacit withdrawal should be allowed in order to avoid leaving the affected party in a state of defenselessness. The main finding is a characterization of the right to appeal and tacit withdrawal, leading to the conclusion that by not allowing the affected party to appeal the aforementioned order, they are left in a state of defenselessness. Key words: right to appeal, challenge, withdrawal, ordinary appeal, defenselessness. This research was qualitative to examine relevant theoretical and normative sources; a documentary type that involves a study of legal dogmatic and case studies; and non-experimental as it took variables as they occur in theory and practice. The research finding aims to identify whether the norm for obtaining personal apprehension warrants due to default in child support needs to be reformed to uphold the principle of procedural speed.2025-03-27T00:00:00Z