Legitima defensa como causa de exclusión de la antijuridicidad en contextos de violencia domestica contra mujeres en el Ecuador.

Abstract

Este estudio aborda la legítima defensa como causa de exclusión de antijuridicidad para mujeres víctimas de violencia doméstica en Ecuador, integrando un análisis crítico con perspectiva de género. Partiendo del objetivo general de demostrar la pertinencia de esta figura en contextos de violencia estructural, se plantearon tres objetivos específicos: contextualizar la violencia de género y el síndrome de la mujer maltratada; analizar doctrinal y normativamente el artículo 33 del COIP; y evaluar el tratamiento judicial de la legítima defensa en casos concretos. La investigación, de enfoque cualitativo con componentes cuantitativos (mixto), se centra en la provincia de Chimborazo – Riobamba y emplea métodos inductivos, jurídico-analítico, dogmático y de estudio de caso. La muestra, no probabilística y por conveniencia, incluye jurisprudencia relevante (caso N.º 10281-2017 00082), entrevistas semiestructuradas a jueces ordinarios, jueces especializados y miembros de colectivos feministas, así como análisis documental y de derecho comparado. Mediante análisis de contenido y categorización de entrevistas, se identificaron ejes discursivos como “criterios judiciales tradicionales”, “revictimización judicial” y reconocimiento del síndrome de la mujer maltratada. El examen doctrinal del COIP reveló la rigidez de los requisitos de inmediatez y proporcionalidad para contextos de violencia cíclica. La comparación con experiencias de Argentina, Colombia y México evidenció modelos de “inmediatez contextual” y modalidades de legítima defensa sin confrontación. Los hallazgos confirman la necesidad de reformar el artículo 33 del COIP, incorporando el síndrome de la mujer maltratada y adaptando los estándares de proporcionalidad e inmediatez a la realidad de la violencia sostenida. Se concluye que sólo a través de una norma y protocolos periciales sensibles al género, acompañados de formación continua para operadores de justicia, se podrá garantizar justicia efectiva y evitar la criminalización de las mujeres que defienden su vida.