La inversión de la carga probatoria y el derecho a la defensa en la Acción de Protección.

Abstract

La excepción a la regla general en materia probatoria en la acción de protección es la inversión de la carga probatoria en caso de que el accionado sea una autoridad pública no judicial. Esto bajo lo dispuesto en el Art. 16 inciso último, en donde a tenor literal refiere “…Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública no demuestre lo contrario…”. De tal manera, los hechos que se alegan por el accionante en la demanda se presumen ciertos, si la autoridad pública no demuestra lo contrario o no suministra información que desvirtúe la argumentación del accionante, de acuerdo con lo desarrollado en el Art. 86.3 de la Constitución de la República del Ecuador. El enfoque cuantitativo de la investigación jurídica se fundamenta en la premisa de que los fenómenos legales pueden ser medidos y analizados objetivamente a través de datos numéricos. En contraste con las aproximaciones cualitativas, que se centran en la comprensión en profundidad de los contextos y significados detrás de las prácticas legales y fenómenos jurídicos, el enfoque cuantitativo supone que, a pesar de la complejidad del derecho, es posible encontrar patrones y relaciones causales mediante la utilización de métodos estadísticos y herramientas matemáticas. En el ámbito del derecho, la carga probatoria es la obligación que tiene una de las partes en un proceso judicial de aportar las pruebas necesarias para acreditar sus pretensiones, en otras palabras, la actora deberá probar todos aquellos hechos propuestos. (COGEP Arts.162 y 169). En general, la carga probatoria recae sobre la parte que afirma un hecho, mientras que la parte que niega un hecho no tiene la obligación de probarlo. Sin embargo, existen algunos casos en los que la ley establece que la carga probatoria se invierte, es decir, que recae sobre la parte que niega la violación de un acto u omisión que vulneren derechos constitucionales.