Parámetros utilizados por la Corte Constitucional en el control de constitucionalidad de los Decretos-Leyes de Urgencia Económica a raíz de la muerte cruzada

Abstract

Los parámetros que utiliza la Corte Constitucional de Ecuador para determinar la constitucionalidad de los decretos-leyes de urgencia económica emitidos por el Presidente de la República a raíz de la muerte cruzada, es un estudio relevante para garantizar la legalidad y los principios constitucionales en situaciones de emergencia económica. Al estar facultado mediante el artículo 148 de la Constitución para que el Presidente de la República pueda emitir decretos-leyes de urgencia económica en ausencia de la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional ejerce un rol fundamental en su control de constitucionalidad para emitir un dictamen previo, en la evaluación de constitucionalidad de estos decretos-leyes, la Corte tomó en consideración reglas de interpretación constitucional y partiendo de un análisis de convencionalidad, de esta manera ha plasmado diversos parámetros jurídicos que respetan los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad. Estos criterios aseguran que las medidas adoptadas no vulneren derechos fundamentales y se mantengan dentro de los límites del poder estatal. En esta figura conocida como la "muerte cruzada”, la Asamblea Nacional es disuelta, es por ello que, la Corte debe actuar con mayor rigor para evitar el uso arbitrario del poder ejecutivo mediante los parámetros que han sido resueltos tomando en cuenta reglas de interpretación y criterios constitucionales en sus 7 dictámenes previos, se ha evidenciado que la actuación de la CCE a partir de la ausencia de la Asamblea Nacional fue necesaria. Esta investigación no experimental, en aplicación de técnicas de investigación y respaldada por instrumentos específicos en la recopilación de datos de expertos constitucionalistas, así como el uso del derecho comparado a partir de sentencias emitidas por órganos de control constitucional como España y Perú. El estudio también recomienda dilucidar y detallar de mejor manera normativa aplicable a este caso concreto y fortalecer los mecanismos de control político sobre el Ejecutivo con el objetivo de prevenir abusos de poder. Una de las propuestas plantea impedir la emisión de decretos-leyes de urgencia económica luego de la disolución de la Asamblea Nacional, además de establecer un mecanismo de continuidad legislativa a través de la participación de asambleístas suplentes.