La vulneración del derecho a la defensa en la falta de técnicas de argumentación y litigación oral en la audiencia de juicio en el procedimiento ordinario de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal.

Abstract

En cumplimiento del principio de oralidad, los procedimientos del sistema judicial ecuatoriano se efectúan mediante audiencias que además de garantizar el principio de inmediación, da la posibilidad a los abogados para que a través del uso de la palabra y en contacto directo con el juzgador puedan exponer sus fundamentos, por lo que su desenvolvimiento dentro del proceso es imprescindible, ya que se debe dar a conocer la teoría del caso; la práctica de la prueba; y, todo lo necesario para llevar al convencimiento del juzgador que sus alegaciones tienen fundamento y que se debe expedir una sentencia favorable en beneficio de sus intereses. La última etapa del proceso penal es sustanciada por tres juzgadores; y ya no se basa en elementos de convicción sino en pruebas. Es decir, el tribunal tiene la tarea de resolver la situación jurídica de una o varias personas en lo que respecta a la privación de la libertad. En este caso, en la audiencia de juicio es necesario que el abogado litigante en la defensa técnica de cualquiera de las partes se encuentre preparado sobre las técnicas de argumentación y litigación oral, debido a que es importante: el correcto manejo del lenguaje, la elección de un discurso narrativo flexible y adaptable, y la mejora de la comunicación en general. Por otra parte, el Art. 76, numeral 7, de la Constitución de la República del Ecuador contempla el derecho a la defensa en la cual se enumera varias garantías constitucionales entre las cuales contempla la posibilidad de presentar de forma verbal las razones o argumentos, que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Por lo que, ante la carencia de técnicas orales óptimas por parte de los abogados, puede acarrear una vulneración del derecho a la defensa, para lo cual se recopiló las diferentes técnicas de argumentación y litigación oral existentes en doctrina e investigaciones; se analizó el rol de los abogados en uso de la palabra en el desarrollo de la audiencia de juicio; los componentes y alcances del derecho a la defensa, que unido a la recolección de datos aportados por los abogados que hayan litigado en materia penal, se verificó efectivamente la vulneración de carácter constitucional. La metodología que se utilizó fue mixta es decir cuantitativo y cualitativo, en donde se concluyó que el papel que desempeña el abogado y la postura que toma en la audiencia, son determinantes para seleccionar la técnica de argumentación y litigación oral adecuada con la finalidad de realizar una defensa técnica apropiada en aras del derecho a la defensa de su patrocinado.